miércoles, septiembre 30, 2009

La transformación del país y sus instituciones se concretará en las urnas y por la vía pacífica, expresa el Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México, hoy en su gira por municipios de Oaxaca







La transformación del país y sus instituciones se concretará en las urnas y por la vía pacífica, expresa López Obrador
San Pedro Yavesía, Oaxaca
Miércoles 30 de septiembre de 2009

* Califica de irresponsable e insensible la propuesta de paquete económico de Calderón


* Advierte que la creación de nuevas contribuciones sólo desatará una mayor violencia, inseguridad, desempleo, carestía, pobreza y marginación


"Aunque es un camino muy difícil", Andrés Manuel López Obrador manifestó que la lucha por el cambio real en México se mantendrá por la vía pacífica y electoral y aclaró que bajo ninguna circunstancia llamará a tomar las armas, porque sólo generaría mayor violencia y sufrimiento entre el pueblo.

La transformación del país y sus instituciones se concretará en las urnas, en la contienda política, subrayó al explicar que un eventual enfrentamiento armado sería entre el propio pueblo, entre la gente y los soldados, que a su vez son hijos de campesinos y obreros.

En tanto, puntualizó, "los de mero arriba", los capos de la mafia de la política serían meros espectadores, si se considera que la mayoría de ellos ni siquiera radica en el territorio nacional, como el ex presidente Carlos Salinas y el banquero Roberto Hernández.

En el segundo día de la octava semana de recorrido por municipios de usos y costumbres de Oaxaca, el presidente legítimo de México reconoció sin embargo que es "muy difícil" transitar por la vía pacífica y electoral, "porque los dados están cargados y las cartas están marcadas".

Ante los habitantes Analco, Jaltianguis, Yanesía y Xiacui, calificó de irresponsable e insensible la propuesta de paquete económico que puso a consideración del Congreso el gobierno espurio de Felipe Calderón.

En síntesis, detalló, se trata de dar una vuelta más a la tuerca, para exprimir aún más los bolsillos de las familias mexicanas, sin tocar con el pétalo de una rosa a los grandes empresarios y banqueros del país.

A la mafia de la política, del poder y del dinero no le importa el sufrimiento de la gente y un posible aumento a impuestos y la creación de nuevas contribuciones sólo desatará una mayor violencia, inseguridad, desempleo, carestía, pobreza y marginación, advirtió.

Acompañado por los senadores Salomón Jara y Gabino Cué, calificó de preocupante la situación económica nacional y acusó a la oligarquía, a aquellos que se creen amos y dueños de México, de mantener el actual régimen neoliberal que sólo ha enriquecido a un grupo, a los hijos predilectos del régimen.

Desde la sierra Juárez, López Obrador afirmó que Calderón Hinojosa y Salinas de Gortari ya establecieron un acuerdo para aprobar en la Cámara de Diputados la llamada miscelánea fiscal.

Con el voto mayoritario de los legisladores priistas, se pretende aprobar un paquete de impuestos. Por ejemplo incrementar de 15 a 17 por ciento la tasa del Impuesto al Valor Agregado y aumentar a tres por ciento la cuota por depósitos bancarios superiores a 15 mil pesos durante un mes, señaló.

De la misma manera, continuó, Calderón y los priistas quieren gravar con 2 por ciento las medicinas y los alimentos, aplicar un 4 por ciento a las telecomunicaciones --telefonía celular e internet, entre otros servicios-- y aumentar de 28 a 30 por ciento la tasa de Impuesto Sobre la Renta.

Por si fuera poco, el presidente legítimo de los mexicanos destacó que lo más preocupante es la intención de Calderón y los priistas de incrementar los precios de las gasolinas en 17 por ciento y el diesel en 13 por ciento durante el 2010.

Con un alza a los precios de los referidos combustibles se desataría una escalada de precios y una mayor carestía, alertó al señalar que el cambio en México no se dará de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, con la participación de millones de mexicanos.

En Analco, López Obrador dijo que si los 3 billones de pesos del presupuesto nacional se distribuyeran de manera equitativa, a cada familia correspondería un promedio de 10 mil pesos y que la cantidad aumentaría si el reparto se hiciera con justicia, a favor de aquellos mexicanos en condiciones de pobreza y miseria.

Pero aclaró que la mayor parte del dinero público va a parar a los bolsillos de los grandes empresarios y banqueros, así como de la alta burocracia panista, que tiene jugosos sueldos y que se atiende en clínicas privadas, a costillas del erario público.

Después de ocho semanas de recorrer los municipios de usos y costumbres del estado, expresó su tristeza y coraje por las condiciones de destrucción en que se encuentran la mayor parte de los caminos que comunican a las cabeceras municipales.

Y si Juárez resucitara, se volvería a morir de puro coraje, después de ver que su estado y su pueblo se encuentran en el abandono total, estimó.

Pero la elección local del próximo 4 de julio representa la oportunidad para elegir a un gobernador de buenos sentimientos, que atienda y responda a las necesidades más urgentes de los oaxaqueños, en lugar de permitir que arribe al poder un mandatario irresponsable, ladino, mañoso y ladrón, como Ulises Ruiz.

De acuerdo a su agenda de trabajo, López Obrador sostendrá mañana asambleas informativas con los habitantes de los municipios de San Juan Yaee, San Miguel Yotao, Tanetze de Zaragoza, San Juan Juquila Vijanos, Santiago Lalopa y San Miguel Talea de Castro.

¿Cómo encender la rebelión?, Pedro Echeverria V. escribió este artículo


¿Cómo encender la rebelión?


Pedro Echeverría V. en RazonEsdeSer.


¡Que Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el D.F. jalen a los demás!

1. En la mayoría de las entidades de México no han habido historias de luchas y de protestas, a pesar de que siempre hayan vivido en la pobreza, la miseria y la opresión. A muchos pueblos los han educado o “domesticado” durante siglos por la iglesia y las familias en el conformismo, la sumisión o el individualismo más extremo. Por el contrario hay estados de la República que por sus propias condiciones geográficas, por historias antiguas de enfrentamientos defendiendo sus derechos, llevan ya muchas décadas de experiencias que se han transmitido por generaciones. Me decían algunos maestros oaxaqueños: “los profesores yucatecos en Oaxaca luchan, pero cuando regresan a Yucatán dejan de hacerlo; lo más triste es que los nativos de Oaxaca cuando llegan a Nuevo León también se olvidan del movimiento”. Pero experiencias anteriores, como la lucha magisterial nacional de 1989, así como la obrera de los setenta, lograron mover lo “inamovible”.

2. Duele que sigan golpeando y asesinado a los indígenas, campesinos, trabajadores y apenas se escuchen sus quejidos. No se sabe cuantos años o décadas más la clase gobernante y empresarial seguirá imponiendo sus intereses sobre las espaldas de más del 80 por ciento de la población. Las pequeñas ciudades y pueblos se defienden muchas veces con palos y piedras, mientras militares y policías –armados hasta los dientes- lanzan gases lacrimógenos, disparan y sueltan sus perros para acabar cualquier movimiento. Esto no lo pueden hacer fácilmente contra los obreros electricistas, telefonistas, petroleros; aunque sí lo hicieron contra los ferrocarrileros y buscan acabar con los valerosos mineros que resisten. Tampoco lo hacen –sin recibir respuestas- en el DF, Oaxaca y otros estados con historias de luchas, siempre dispuestos a defenderse.

3. Ya hemos visto cientos de veces cómo quedan las caras y los cuerpos ensangrentados de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, que se atreven a enfrentar a las fuerzas armadas que destruyen sus chozas, que los expulsan de sus pueblos o terrenos, que les rompen una huelga o que buscan enfrentarlos en una manifestación. A estos salvajes represores, después de recibir órdenes- les importa un carajo si sus víctimas son niños, viejos, lisiados o cualquier miserable. Cuando de rescatar la gran propiedad de un funcionario o empresario o de evitar una protesta contra los poderosos se trata, para esos autómatas de la represión todo se vale. Al fin los débiles de los pequeños pueblos, las luchas terriblemente aisladas, los obreros de las pequeñas fábricas, los ciudadanos que protestan en pequeño número, la policía puede hacerles lo que les plazca.

4. Quisiéramos que todos los países del mundo recuperen su identidad, los valores que los hicieron fuertes y diferentes que luego, de manera condenable, fueron uniformados por el sistema capitalista mundial. En lugar de aquellos seres humanos dignos y orgullosos de su pasado, ahora parecen robots marchando sin voltear a ver, cortados con la misma tijera, con un pensamiento único, el que ha impuesto el capitalismo salvaje. Pero para que los pueblos pequeños –que son la mayoría en el mundo- logren su liberación se requiere que los trabajadores de los países más poderosos y de las ciudades más grandes se pongan en marcha para sacudir y despertar a los pequeños que les ha resultado muy difícil ponerse a caminar. En tanto no suceda esto, las clases dominantes seguirán golpeando y asesinando todos los movimientos casi indefensos.

5. Los movimientos de los trabajadores por defensa de sus tierras, las protestas contra la explotación, los reclamos por represión y malos tratos, se pueden contar por miles en campos y ciudades de México. Han sido movimientos espontáneos de respuesta de los pueblos ante las agresiones que a diario sufren; pero al mismo ritmo que han surgido se han presentado las llamadas “fuerzas del orden” para reprimirlos y someterlos. En las cárceles mexicanas pueden contarse por miles los presos políticos con inventadas y falsas acusaciones tales como: “ofensas a la autoridad”, robo, resistencia, etcétera. Los ejemplos más conocidos son los campesinos presos de San Salvador Atenco, los de la APPO oaxaqueña, los del EZLN y los “desaparecidos” del EPR. Hasta ahora no se cuenta con la fuerza que sacarlos de la cárcel y por la vía jurídica es vergonzoso.

6. En tanto Marx planteaba que los países altamente desarrollados estaban más cerca del socialismo porque el proletariado estaba más preparado para asumir el poder y luego preparar el autogobierno, Lenin 50 años después siguiendo a Marx señaló que el trabajo político principal debe hacer en las grandes fábricas y las grandes ciudades de la Rusia aún semifeudal. Ello y la experiencia de muchos años me han dado la convicción de que hay que mover los motores grandes, que hay que trabajar políticamente en los centros productivos que pudieran paralizar el sistema capitalista. Que hay que solidarizarse con todas las luchas de los trabajadores, que hay que ayudarlos a solucionar puntualmente sus problemas, pero el trabajo político real debe hacerse en los centros que puedan poner de rodillas a la clase explotadora, centros en los que esta clase está más atento.

7. El día que la clase obrera paralice el servicio eléctrico, deje de producir petróleo, haga una huelga de servicio telefónico, que los empleados bancarios cierren sus instituciones, que los trabajadores del IMSS paren los hospitales o que los transportistas bloqueen las carreteras, el sistema capitalista de explotación y opresión se cae en mil pedazos y los trabajadores podrán deshacerse de gobiernos y empresarios, asimismo podrán ya autogobernarse. Este, me parece, es el gran motor del que Marx hablaba y por lo que decía que la clase obrera será la que sepultaría al capitalismo. Huelgas de campesinos, de estudiantes, de profesores, las soporta por meses si no extienden el descontento en los reales centros productivos que son la columna de su poder. Por eso más que repetir que la burguesía es corrupta y explotadora, hay que buscar cómo derrotarla.

pedroe@cablered.net.mx

Déficit, recesión y peso, Rogelio Ramírez de la O escribió este artículo



Rogelio Ramírez de la O
Déficit, recesión y peso
30 de septiembre de 2009


El gobierno hasta ahora manejó las presiones sobre el peso recurriendo a casi 28 mil millones de dólares de las reservas internacionales y de nuevas entradas de divisas desde octubre de 2008 hasta 2009. Pero para mantenerlo donde hoy está, más importante aún ha sido la recesión.
Ésta borró casi de un plumazo el déficit en la cuenta corriente externa (comercio exterior de bienes y servicios, incluyendo servicio de la deuda), pues desplomó las importaciones. El déficit comercial, que en 2008 llegó a 15 mil 725 millones de dólares, en 2009 no alcanzará 10 mil millones. Las importaciones habrán perdido un tercio de su valor de 2008.

Así, a pesar de la caída de las exportaciones de petróleo, el déficit corriente será bajo este año. El gobierno debe sentirse aliviado de no tener este problema adicional, porque así no tiene que usar los créditos externos obtenidos sosteniendo al peso.

Pero eso no elimina el problema de fondo ni mucho menos asegura que el peso seguirá firme en 2010. Por bajo que sea, el déficit en cuenta corriente de 0.8% del PIB que habrá en 2009 sigue siendo muy alto para una economía que se desploma 7%. Para ilustración, en 1998 tuvimos también un déficit de 0.8%, pero la economía creció 4.9%.

O sea que con cualquier recuperación de la demanda interna el déficit aumentaría de nuevo y ya sin petróleo haría más que evidente una gran vulnerabilidad y riesgo.

Una lección que no quedó bien aprendida en México fue que la administración de Carlos Salinas en 1993 sostuvo al peso, primero con un freno a la economía y luego, en 1994, con alto endeudamiento. Pero al final esto sólo retrasó la devaluación. La lección para el actual gobierno es que Salinas no pudo evitar el escarnio público, aun cuando intentó echarle la culpa a Ernesto Zedillo.

Por no tomar las medidas fiscales que eran indispensables en el único momento oportuno, en 2007, ahora el gobierno tiene que proponer aumentar impuestos que causarán más recesión. Así, deja ver que su máxima ambición es impedir el empeoramiento de las cuentas fiscales. Y de paso frena el déficit corriente y mantiene el peso.

Pero hoy esta estrategia es aún más riesgosa que en 1993 porque la recesión es mucho más profunda. Ello hace posible que el peso se caiga no sólo por el déficit corriente. Las recesiones nunca se han llevado bien con las monedas estables, pues el alto y prolongado desempleo erosiona la confianza, como pasó en Argentina en 2001.

Por otra parte, esperar que Estados Unidos se recupere y crezca a tasas altas para que impulse a México no es prudente. El presidente Obama tiene un diagnóstico realista: si el mundo no coopera con los problemas globales (y la débil demanda es el principal), Estados Unidos “no los puede resolver solo”.

Es más, con producción petrolera permanentemente a la baja, en 13.5 por dólar el peso probablemente no sería suficientemente competitivo para impulsar el crecimiento. En ese caso, el ajuste sería basado en fundamentos económicos, como lo fue el de 1995.

Lo mejor que podría hacer hoy el gobierno es dejar que el peso flote libremente y guardar los dólares para causas viables. El mundo ya aprendió una lección de esta crisis global, es decir, que el dólar se puede tornar escaso en periodos prolongados.

La crisis global no ha tenido efectos “temporales” como dice el gobierno. Los más importantes son permanentes. Por eso, ni se puede contar con que Estados Unidos saque a México de la crisis ni con que el peso se encuentre en un nivel sostenible para los ajustes que faltan.


rograo@gmail.com




Analista económico

Debemos reducir impuestos, Alejandro Gertz Manero escribió este artículo


Alejandro Gertz Manero
Debemos reducir impuestos
30 de septiembre de 2009



El proyecto de incremento en los impuestos que el Ejecutivo ha elaborado para cubrir el déficit de sus ingresos está poniendo a prueba la credibilidad y el respeto que la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados puede ganar o seguir perdiendo.
En el lapso que culmina el 15 de noviembre los diputados y sus partidos tienen la ocasión única de definir quién está al servicio de la inmensa mayoría de los mexicanos y quién va a obedecer las consignas de los que han hundido a nuestra economía en los últimos años, para llevarnos a ocupar uno de los últimos lugares en crecimiento económico en nuestro hemisferio latino, a pesar de haber sido los grandes beneficiarios de la bonanza petrolera más significativa en la historia de nuestros ingresos públicos.


Este asunto habrá de definir no sólo el destino económico de México, sino la viabilidad de nuestra democracia y la credibilidad de los partidos políticos, ya que, como bien lo han dicho los economistas más reconocidos, la propuesta burocrática es retrógrada y aniquilante, ya que lo único que pretende es obtener ingresos a costa de la mayoría de los mexicanos, mientras se protege a un inmenso sector informal que no colabora fiscalmente, a una élite burocrática que ha dado cátedra de corrupción, ineficiencia y derroche, y a una cúpula de grandes empresarios y banqueros que eluden de un modo u otro cubrir los pagos fiscales que todos los asalariados y los medianos empresarios sí tienen que cubrir.


Creer que incrementar la tasa base del Impuesto Sobre la Renta de 28% a 30% y elevar el IVA y otros impuestos al consumo va a estimular el crecimiento y el empleo es una burla sangrienta, mientras los grandes conglomerados empresariales y financieros eluden hasta en 80% sus obligaciones fiscales, gracias al paraíso legal que les ha auspiciado el gobierno, mientras el resto de la población productiva que sí paga es ahogada por la carga impositiva.


En el sector público el derroche y la corrupción son emblemáticos, y sólo se necesita tener un mínimo de responsabilidad para reducir los despilfarros y los salarios del personal de confianza, protegiendo la base laboral, pero induciéndola también a ser más honesta y productiva, lo cual parece ser un tabú que solamente se toca en una forma superficial y maquillada, mientras se preservan los más grandes privilegios de los favoritos, y los sistemas de auditoría se desmantelan para convertirlos en un instrumento más de control y persecución política.


Frente a esta situación tan contradictoria, inequitativa e improductiva, existe una salida muy clara y sencilla que puede resumirse en las siguientes premisas:


I. Todos los niveles de gobierno deben reducir su gasto global en 25%, cortando puestos directivos y derroches presupuestales, pero preservando sus plazas laborales de base e inversión productiva, en un proyecto eficiente y auditado que sea funcional y ciudadano.


II. A las grandes corporaciones empresariales y financieras, que en este momento eluden su responsabilidad fiscal de 28% del pago del Impuesto Sobre la Renta, establecerles en forma clara y tajante un mínimo de 14% obligatorio sobre dichas ganancias, para irlo incrementando en forma paulatina, hasta llevarlo al mismo nivel del impuesto general.


III. Empadronar fiscalmente en razón del territorio físico que ocupan el ambulantaje y la informalidad, para que paguen un impuesto mínimo razonable de 14% obligatorio sobre sus ingresos, el cual también se irá incrementando paulatinamente para unirse al criterio general, en lugar de las mordidas que hoy le cubren a la burocracia y a los líderes venales.


IV. Reducir paulatinamente el IVA en forma semejante a la de los demás impuestos hasta llevarlo a 10% general.


V. A la inmensa mayoría de los contribuyentes, que son asalariados y empresarios, reducirles los impuestos de 28% a 25%, para continuar disminuyéndolos hasta lograr un equilibrio con los demás sectores a los que hemos hecho referencia, que podría llegar a menos de 20%, general sobre ingresos, como se logró en el modelo de Irlanda, que ha sido un ejemplo de equidad fiscal.


Si los diputados del actual Congreso votan a favor de México y del crecimiento económico, la imagen tan deteriorada del Poder Legislativo comenzará a repuntar, y los principios elementales de la justicia fiscal empezarán también a dar sus frutos en productividad y en crecimiento.


La moneda está en el aire.



editorial2003@terra.com.mx





Doctor en Derecho

Simpatizantes de AMLO protestan frente a la CFE; exigen que no aumente la luz, Tania Damian Jiménez escribió este artículo.



Simpatizantes de AMLO protestan frente a la CFE; exigen que no aumente la luz




TANIA DAMIAN JIMÉNEZ

Este martes, unos 50 simpatizantes del movimiento del “presidente legítimo” Manuel Andrés López Obrador tomaron simbólicamente las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Puebla –ubicadas en la 25 Poniente, entre la 15 y 17 Sur– con el fin de exigir que no aumenten las tarifas de la luz para el próximo año.

Uno de los organizadores de la manifestación, Jorge Gómez Tafolla, explicó que el gobierno federal pretende aumentar en un 10 por ciento los costos de la energía eléctrica en 2010, así como eliminar el subsidio que otorga a este servicio que en promedio significa un ahorro para los consumidores del 40 por ciento.

Lo anterior –agregó– impactará de forma grave en la economía de los mexicanos y poblanos, y se sumaría al incremento que se viene dando desde 2002, cuando se empezó a permitir que empresas privadas participara en la generación de este servicio y se impuso la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) en 2002, que ha ocasionado un aumento del 40 por ciento en el precio de la luz.

En entrevista con este medio de comunicación, el también integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía agregó que el país tiene la posibilidad de cubrir la demanda de luz que se requiere; sin embargo, el 45 por ciento de la energía eléctrica que se utiliza en México es generada por empresas privadas, como Ibedrola, Gas Natural e Intergen.

“Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad tienen la capacidad instalada para abastecer la demanda total de luz del país y todavía sobra un 7 por ciento de generación de energía eléctrica; sin embargo, el gobierno federal ha optado por contratar a empresas privadas que generen este servicio en detrimento de la economía nacional”, precisó.

Añadió que el costo de la luz aumenta porque los industriales privados utilizan gas natural para la generación de su energía, cuando este insumo se importa a precios altos de otros países.

“Los productores independientes de la energía eléctrica se contratan sólo por intereses personales de los funcionarios federales y no porque lo requiera el país”, agregó.

En tanto, de acuerdo al estudio “Situación actual del sistema eléctrico mexicano y tarifas eléctricas” del coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe, Mario Govea Sansón, el argumento del gobierno federal para permitir la participación de la inversión privada en la generación de electricidad fue que ello abarataría la electricidad, pero ello no ha sucedido.

La toma simbólica de las oficinas centrales de la CFE en Puebla se llevó a cabo por más de cinco horas sin ningún contratiempo con las autoridades de dicha paraestatal, en donde los manifestantes realizaron diversas actividades culturales y repartieron volantes informativos a la ciudadanía sobre los objetivos de la movilización. Los participantes indicaron que continuarán realizando manifestaciones en el lugar con el fin de evitar el incremento de las tarifas eléctricas.

¡No a la privatización de la industria eléctrica!, Virginia González Melgarejo escribió este artículo.



ECONOMÍA A RETAZOS


¡No a la privatización de la industria eléctrica!


VIRGINIA GONZÁLEZ MELGAREJO
En estos días se habla de aumentos en los bienes y servicios que el Estado provee a la población, tales como gasolinas, gas y, por supuesto, la energía eléctrica, que es factor clave para el desarrollo económico y social de cualquier nación.

La historia de la electrificación del país es fascinante. En 1880 se instalaron los primeros focos en el zócalo de la ciudad de México; posteriormente, se electrificaron Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Mérida; más tarde, se generaliza el uso de energía en el país, de tal forma que para 1911 existían ya en en la República 199 empresas productoras, pequeños monopolios regionales, la mayoría de ellos de capital extranjero. Esas empresas, con el tiempo, fueron prácticamente devoradas por la Mexican Light and Power Company Ltd., que se convirtió en el mayor monopolio del país, mientras las empresas mexicanas participaban apenas con el 2 por ciento de la producción nacional.

Las precarias condiciones en las que laboraban los trabajadores de la industria eléctrica generaron constantes conflictos entre la empresa, sus filiales y el Estado mexicano –en esa época con algunos ribetes de nacionalismo–, conflictos que en 1923 obligaron al presidente Álvaro Obregón a tratar de restringir las ganancias excesivas del monopolio, aunque sería hasta 1926 que el presidente Plutarco Elías Calles reglamentaría a la industria y obligaría a las empresas a firmar contratos de suministro con los consumidores; sin embargo, como las tarifas se mantenían excesivamente elevadas, en 1934 se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito fundamental de “ofrecer a la nación generación, transmisión y distribución de energía eléctrica sin propósito de lucro y en beneficio del interés nacional”. En 1937 el propio presidente Lázaro Cárdenas le da a la CFE un carácter formal y se planea un sistema nacional de electrificación que llegaría al campo y a los pequeños pueblos y ciudades que carecían del servicio. Después, en 1949, Miguel Alemán, mediante decreto, hace de la CFE un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El presidente Adolfo López Mateos, bajo la consideración de que la energía eléctrica es un servicio público estratégico que no debía ser prestado por extranjeros, el 27 de septiembre de 1960, mediante el pago de más de 200 millones de dólares, nacionaliza la industria eléctrica y modifica el artículo 27 constitucional para quedar de la siguiente manera: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.” 14 años después, se adiciona a este artículo un párrafo indispensable para la instalación y operación de plantas nucleares generadoras de energía eléctrica.

Sin duda fue un largo camino para lograr que la industria se nacionalizara y con ello suspender un régimen de concesiones, pero 30 años después de su nacionalización, Carlos Salinas abre de nuevo la puerta al capital privado, otorga permisos indefinidos y permite el autoabastecimiento y la cogeneración de energía por particulares. Ernesto Zedillo pretendió reformar el 27 constitucional para permitir al capital extranjero su participación en la industria, pero, al igual que Vicente Fox, fracasó en su intento. Sin embargo, cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía se dieron numerosos contratos a extranjeros y, dando la vuelta a la Constitución mediante tramposas redacciones al reglamento de operación, permitió al capital extranjero participar en la generación de energía al grado que, actualmente, controla alrededor de el 40 por ciento de la producción, obligando a CFE a comprar la energía a esas empresas, lo cual encarece el servicio y es, sobre todo, completamente anticonstitucional.

Es este un claro ejemplo de cómo los gobiernos neoliberales han sido serviles a los intereses económicos de los monopolios trasnacionales, sin importarles en lo más mínimo lo plasmado en la Carta Magna y, antes de aumentar o no las tarifas de luz, se deberá seguir considerando desde la generación hasta el abastecimiento de energía eléctrica un servicio público que no puede privatizarse.

martes, septiembre 29, 2009

Califica AMLO como una burla del TEPJF la ratificación de Sodi y Orvañanos como jefes delegacionales

Califica AMLO como una burla del TEPJF la ratificación de Sodi y Orvañanos como jefes delegacionales
Oaxaca, Oaxaca


* El Tribunal Electoral validó los supuestos triunfos, porque recibieron órdenes de la mafia de la política, afirma





*Considera buenos los resultados que se obtuvieron en la reunión entre Ebrard y Acosta


* López Obrador inicia la octava semana de recorrido por los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca


Andrés Manuel López Obrador calificó como una burla del TEPJF la ratificación de Demetrio Sodi y de Carlos Orvañanos como jefes delegacionales de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, pero lo peor de todo es que cuesta mucho dinero al pueblo la manutención mensual de los magistrados, a razón de 400 mil pesos por cada uno de ellos, que son meros empleados de la mafia de la política, del poder y del dinero.

Desde la Sierra Juárez de Oaxaca, el presidente legítimo de México afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó por unanimidad los supuestos triunfos de Sodi y de Orvañanos, porque detrás de ambos panistas están los integrantes de la oligarquía, como el banquero Roberto Hernández y el dueño del grupo Bimbo, Lorenzo Servitje.

Al iniciar la octava semana de recorrido por municipios de usos y costumbres, recordó que el mismo TEPJF que avaló el fraude electoral en 2006 es el mismo órgano que reconoció como jefes delegacionales a quienes violaron la legislación en la materia, por la única razón de que sus integrantes son unos achichincles de la mafia del poder.

En entrevista que concedió a su llegada a esta ciudad capital, López Obrador consideró como buenos los resultados que se obtuvieron en la reunión que sostuvieron el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el jefe delegacional de Iztapalapa, Rafael Acosta.

Lo importante es que el denominado Juanito ratificó su compromiso de solicitar licencia al cargo, una vez que asuma la jefatura delegacional, y de nombrar a Clara Brugada como directora Jurídica y de Gobierno de la demarcación, para que posteriormente la perredista pueda relevarlo en el puesto, explicó.

Acosta honrará su palabra, aunque "le moste a sus patrocinadores, que lo sonsacaron para que incumpliera su compromiso. Deben estar muy molestos en Televisa, Felipe Calderón, Carlos Salinas, Manlio Fabio Beltrones y otros miembros de la mafia de la política", agregó.

Con relación al posible acuerdo entre las cúpulas y legisladores del PRI y el PAN para aprobar el paquete económico del gobierno espurio de Felipe Calderón, en particular el 2 por ciento al consumo, declaró que el mayor daño que provocará a la economía popular será el aumento a los precios de las gasolinas.

Se desatará un alza generaliza de precios cuando autoricen incrementos a la gasolina, el diesel, el gas y la energía eléctrica. "Todo se va para arriba" como se puede constatar con los precios del arroz, del fríjol y del azúcar, entre otros productos de primera necesidad, aseguró.

El recorrido de este día inició en San Juan Quiotepec. El presidente legítimo abordó el tema económico y de los posibles aumentos a los impuestos y la creación de nuevas contribuciones, como lo propone Calderón Hinojosa.

Quieren darle otra vuelta a la tuerca, para exprimir" la endeble y raquítica economía de millones de familias, precisó al expresar su rechazo a "tanta pobreza e injusticia" en nuestro país.

Acompañado por los senadores Gabino Cué y Salomón Jara, tachó de inmoral que los ministros de la Corte y la alta burocracia panista tengan jugosos salarios y un importante número de privilegios, mientras la mayoría de los mexicanos carecen hasta de lo indispensable.

Por esa razón, dio a conocer que el próximo 12 de octubre se presentará frente a la sede de la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley para suprimir los privilegios fiscales y para aplicar un plan de austeridad en todos los niveles de gobierno.

La jornada de este día se caracterizó por los caminos destruidos que comunican a los municipios de usos y costumbres, incluso los vehículos que transportan a López Obrador y comitiva tuvieron que cruzar dos cascadas de agua.

Para mañana, el presidente legítimo de México visitará los municipios de San Pedro Yaneri, San Juan Evangelista Analco, Santa María Jaltianguis, Santa María Yavesia, Santiago Xiacui y Natividad.

El calderonazo, Marcos Chávez escribió este artículo

El calderonazo


Marcos Chávez 

27 Septiembre 2009 El paquete económico presentado por Felipe Calderón y sus Chicago Boys para 2010 constituye una sanguinaria venganza en contra de las mayorías. Si los votantes arrasaron con su pírrica legitimidad en julio pasado –los derrotaron y los sepultaron políticamente a mitad de su mandato debido a su desencanto ante los resultados alcanzados durante su reinado y los onerosos costos que pagan por sus obsesiones fundamentalistas, el desastroso manejo del colapso económico y fiscal del Estado– ellos, a su vez, con desparpajo y cínicas mentiras, pretenden cobrarles la afrenta enterrándolos con una avalancha de impuestos y aumentos de precios; el recorte indiscriminado del gasto público; la permanencia de los privilegios de la casta burocrática de los tres poderes de la Unión; un programa recesivo y perpetuador del estancamiento económico con alto desempleo y la contención de los salarios reales; la profundización de las contrarreformas estructurales neoliberales. La revancha es hundiéndolos más en la pobreza y miseria.




¡Ave César, cruzado contra la pobreza y creador de empleos, al menos 10 mil burócratas que arrojarás al ejército de desempleados y 75 millones de vasallos que empobrecerás aún más, te saludan!

Se acabó la ficción, dijo Agustín Carstens.

Por desgracia, aún faltan tres años más para que se acabe la dantesca pesadilla calderonista.

Más que ser una oferta que represente una “reforma fiscal integral” como sugiere Agustín Carstens en los criterios de política económica para 2010, la cual “garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, a través del fortalecimiento “de los ingresos de carácter permanente y la racionalización del gasto público” como según dijo Calderón en su decálogo, que junto con los cambios estructurales que se formulan aseguren el crecimiento sostenido y el bienestar de las mayorías, la gran “transformación de México en rubros esenciales que no ha podido cambiar en décadas”, todo basado en su “convocatoria a la unidad y solidaridad de los ciudadanos”, puntos “claves” para “la prosperidad” –retórica que más de un “ingenuo” intelectual orgánico o inorgánico se “tragó” completa pensando en un “honesto “ viraje estratégico–, el paquetazo aspira avanzar a paso redoblado en la senda neoliberal abierta por la ultraderecha priista que se apoderó del poder desde 1983. Aquélla que el Premio Nobel de Economía Paul A Samuelson calificó en 1980 como el “fascismo de mercado”: donde el manejo de la economía quedó bajo la responsabilidad de los Chicago Boys, fanáticos religiosos [del] mercado de laissez-fire; “(…) modelo que deja de lado la libertad política, [que] tiende a un crecimiento significativo del grado de desigualdad de los ingresos, el consumo y la riqueza; sistema [que] no puede evolucionar hacia una democracia normal”. (“La economía mundial a finales del siglo”, Comercio Exterior, México, agosto de 1980).

“Esto es una guerra”, dijo en 1975 el banquero Ricardo Zinn, coordinador económico del entonces titular de economía argentino, Celestino Rodrigo, cuando se aplicó un brutal programa monetarista de estabilización y ajuste económico, el cual pasó a la historia con el infausto nombre del rodrigado: al provocar el desastre de esa nación, la protesta y la violencia social, la intensificación de la guerra sucia, el derrumbe del agónico gobierno de Isabel Perón y el golpe de Estado de 1976. El fallido experimento fue el preámbulo para el viraje estratégico del paradigma keynesiano hacia el neoliberalismo salvaje argentino. La dictadura del “mercado libre”, operada por Alfredo Martínez de Hoz, llegó con la manu militari y su “proceso de reorganización nacional”. Rodrigo, que sólo duró 49 tormentosos días en su puesto, era enemigo del “consumo masivo”, del “voraz consumo superfluo que no satisface las necesidades vitales”, por lo que puso a dieta a la población con los impuestos, el menor gasto público y el control salarial. Zinn, artífice del rodrigazo, continúa con los militares y les crea su lema: “Achicar el Estado es agrandar la nación”. Después, en la década de 1990, con el neoliberal Carlos Menem –el Salinas argentino–, elaborará los turbios planes reprivatizadores de las empresas públicas, entre ellas la petrolera YPF, la telefónica Entel y la siderúrgica Somisa. Martínez calificó su fase como “la segunda fundación de la república”.

El abigarrado calderonazo muestra que Felipe y su Rodrigo de Hacienda, Carstens, también están en guerra y en un proceso similar de transformación de México. Con sus AK-47 fiscales, o sus fusiles M16 si se prefiere, salieron en una alborozada cacería de consumidores y contribuyentes cautivos, de miserables, pobres y clasemedieros. Para que la empresa no sea vana, le tiran a todo, se mueva o no. El cúmulo de propuestas ofrece un amplio margen de negociación; debido a su derrota electoral, saben que tendrán que hacer concesiones. Algunas de ellas serán eliminadas, otras se mantendrán aceptablemente enmendadas y el resto serán aprobadas en el proceso legislativo, sin desvirtuar la naturaleza recaudatoria, inequitativa y antisocial de las iniciativas de ingresos y egresos públicos, que no resolverá la crisis fiscal del Estado y apenas dotarían los recursos necesarios para llegar al final del desastroso sexenio, ni tampoco el perfil neoliberal y antinacional de las contrarreformas estructurales. El éxito dependerá de la mayoría legislativa. El paquete ofrece un seductor reparto de ganancias para que la derecha neoliberal priista y los mercenarios “ecologistas” –los fámulos de las televisoras– se muestren dispuestos a un quid pro quo con la ultra confesional y neoliberal calderonista-panista y lleguen a una patriótica “unidad y solidaridad” para “transformar a México en rubros esenciales”. Nuestra harapienta “democracia” autoritaria facilita los “consensos” palaciegos para sacrificar a la sociedad.

Por ejemplo, ¿acaso no es tentadora para los salinistas, encabezados por Manlio Fabio, y los siervos de Ricardo Salinas Pliego, la oferta de la contrarreforma en las telecomunicaciones, que busca “establecer un proceso de refrendos de concesiones –y conceder otras nuevas– para otorgar mayor certeza jurídica e incentivar las inversiones [de] los concesionarios”? El panista Javier Corral denuncia la obsesión de Fabio Beltrones y la pandilla priista que lo acompaña por tratar de modificar la ley en la materia. No para acabar con los oligopolios por la amenaza que representan para la sociedad ni para reducir su presencia en el mercado, ni con su discrecionalidad y la dictadura de la (des)información, la manipulación de las conciencias y el golpismo que han impuesto, ni para aplicarles el imperio de las leyes y fortalecer la autonomía de las instituciones responsables de su regulación, ni para abrir el sector a la pluralidad y la participación ciudadana, como exige un régimen democrático, sino para imponer un mamarracho jurídico favorable al voraz duopolio, que redunde en su mayor poder despótico económico y político. A cambio, TV Azteca y Televisa les ayudan a fabricar a uno de sus esperpentos con quien aspiran retornar a la Presidencia (Enrique Peña) cuya inteligencia es inversamente proporcional a su copete. A la sombra de ese palafrenero ad hoc, los Berlusconi mexicanos conspiran para instalarse detrás del trono. Calderón les tira el anzuelo y a través de su gorila Juan Molinar, corresponsable de la ruina del Instituto Mexicano del Seguro Social, persiguen rabiosamente las radios comunitarias que estorban el absolutismo de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas. ¿Qué darán a cambio los priistas? ¿Cómo será su traición a la nación?

Es normal que la política fiscal, sus objetivos e instrumentos empleados, genere controversias, pues ella sintetiza la pugna social por la distribución del ingreso y la riqueza nacional; la fuerza política de las clases y su capacidad para influir en las autoridades y defender sus intereses; la orientación ideológica, los compromisos y el papel del gobierno en el desarrollo y el bienestar, así como su capacidad y fortaleza para mediar, regular e influir en los conflictos y repartir los costos y beneficios del desarrollo y de los programas de ingresos y egresos públicos. Curiosamente, por primera vez en su sexenio, una iniciativa de Calderón, la fiscal, alcanzó un consenso entre las clases sociales que estructuralmente luchan a muerte dentro del capitalismo: su abierto rechazo, aunque por razones distintas. Desde sus diferentes perspectivas e intereses, las críticas son razonables:

1) La propuesta de ingresos y de precios de los bienes y servicios no fortalece su debilidad estructural tributaria observada desde la década de 1960 ni mejorará la situación financiera de las empresas públicas ni su eficiencia ni la calidad de los bienes y servicios que proporcionan. Sólo es recaudatoria. Busca despojar de mayores recursos a la sociedad para dotar mayores recursos al Estado y los pobres resultados esperados indican que Calderón sólo aspira obtener el dinero necesario para evitar el colapso financiero del Estado antes de 2012 y transferir la bomba de tiempo al siguiente gobierno, que tendrá que negociar una reforma fiscal integral o sobrevivir con unas finanzas endebles y al borde del abismo. No enfrenta el problema de la inequidad tributaria, al contrario, la agrava al descansar básicamente en los gravámenes al consumo y marginalmente en el de la renta de causantes cautivos. Trata iguales a desiguales. Se afectará esencialmente a las mayorías y prácticamente mantiene intocados los privilegios de los grandes contribuyentes, las personas físicas de altos ingresos y las empresas. Calderón no pretende eliminar o reducir los mecanismos de deducción, elusión y evasión tributaria que sangran al Estado. No propone eliminar la consolidación fiscal ni la depreciación acelerada de los activos realizada por las empresas, no toca los regímenes especiales ni la especulación financiera y los dividendos. No aspira un ingreso a la renta (ISR) progresivo hacia arriba. No elimina los opacos fideicomisos hacia donde se desvían los ingresos públicos, ni sugiere severos mecanismos de sanción a los funcionarios responsables de su manejo. No ayuda a fortalecer las estructuras tributarias de las entidades ni municipios que supervisen, sanciones y acoten y garanticen en manejo escrupuloso de los recursos. En lugar de estimular la demanda como instrumento contra cíclico, los impuestos al consumo la deprimirán aún más, lo que retrasará la reactivación económica y empobrecerá más a 75 millones de personas.

2) La iniciativa del gasto público no busca racionalizar el uso de los recursos y preserva su inequidad. De aprobarse sin cambios, el costo del ajuste fiscal recaerá en el programable y los impuestos al consumo son las principales variables de ajuste de las finanzas públicas, porque son más fáciles de manipular, ofrecen resultados inmediatos y no cambian la naturaleza fiscal. El total real barajaría 0.6 por ciento, el programable 1.4 por ciento y el no programable –los financieros: la deuda pública interna y externa; el costo del rescate bancario y las empresas constructoras; los Pidiregas–, 1 por ciento. Dentro del programable, el corriente aumentaría 2.7 por ciento y los servicios personales 0.8 por ciento, la inversión física decrecería 0.8 por ciento y los subsidios, 41 por ciento. Se elevarían los recursos destinados a los poderes y prácticamente no se tocarían sustantivamente las prerrogativas de la insaciable burocracia –la panista, la legislativa y la judicial–. Allí la “austeridad” será ficticia, dado los insultantes presupuestos que se asignan (operativos, salarios y prestaciones sociales). En cambio, serían sacrificados ramos como de educación, salud, desarrollo regional, agua potable, comunicaciones y transportes, agropecuario, laborales y la sustentabilidad. Su “frugalidad sería de tierra arrasada. No se eliminaría el abuso, el desperdicio la corrupción y la duplicidad de funciones. En contrapartida, se agravaría la ineficiencia pública y sus rezagos. Se ofrendará el gasto social y el gasto como instrumento anticíclico. Su reducción complicará el estancamiento y afectará el futuro del país. Los egresos asistencialistas no evitarán el empobrecimiento, porque no se modificaran los factores estructurales que lo provoca. La mejor política contra la pobreza es el crecimiento y no el estancamiento, el empleo precario, el desempleo abierto o disfrazado, la “informalidad”; el deterioro de los salarios reales y la reducción o la pérdida de las prestaciones sociales; y el mezquino gasto social.

El paquete fiscal de Calderón maniáticamente ortodoxo no alterará la polarización social, la grosera concentración del ingreso y la riqueza en manos del 10 por ciento de la población y el empobrecimiento de 75 millones de mexicanos. Si en tres años del calderonismo el número aumentó en 5 millones, éste podría duplicarse en lo que resta de su mandato.

Las razones de clase para rechazar la política de ingresos son diferentes. Siempre dispuesta a tocarle la pierna a Calderón cada vez que los pide, ahora truenan en contra de él porque no les cumplió: cargar a las mayorías el costo del ajuste fiscal aplicándoles el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al consumo de alimentos y medicinas, reducirles el ISR y eliminarles el IETU. Lo peor de todo es que quiere darle un arañazo a su riqueza, con el alza del ISR de la renta de 28 a 30 por ciento, el intento de acotar las deducciones a ese impuesto y al IETU, y el gravamen de 4 por ciento a las telecomunicaciones, porque supuestamente afectará las inversiones productivas y su “competitividad”, pese a que se mantienen los instrumentos de deducción, elusión y evasión tributaria que les permitirán evitar el pago fiscal o que sigan siendo marginales. El Consejo Coordinador Empresarial señala que la iniciativa es “incongruente”; no corresponde a las necesidades empresariales, es expoliadora; no acaba con los privilegios de la burocracia, entre ellas las pensiones, ni pone seriamente a dieta al famélico Estado. Furioso, su líder Armando Paredes dice que ya no buscarán entrevistarse con Calderón y amenazan con tratar de de tocarles las piernas al Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática que, seguramente, no opondrán muchos escrúpulos. La Confederación Patronal de la República Mexicana anuncia que esa “propuesta lleva consigo el germen de un fracaso anunciado”: afectará la “competitividad y (el) costo-país, (las) inversiones y empleo, porque le pega al mercado interno, a las empresas y a la clase media y muy probablemente también a la baja. En resumen, si se aprobara, podría tener un impacto recesivo.

Como sucede desde la década de 1960, cualquier intento de tocar la riqueza de la oligarquía y la burguesía las transforma en un energúmeno que ha demostrado su capacidad conspirativa.

En sentido estricto, la política de ingresos atenta fundamentalmente contra los pobres y miserables. Desangrados por la pérdida del poder de compra de los salarios reales durante el calderonismo y afectados por el desempleo, la inflación, la crisis y la quiebra de expectativas, los doctores Calderón y Carstens quieren imponerle una sangría para remediar sus cuitas. “Democráticamente” quieren distribuirle ocho tipos de impuestos: 1) 2 puntos porcentuales más en el ISR a quienes ganan más de cuatro salarios mínimos; 2) 2 más como a todos los bienes y servicios como “contribución a la pobreza” y que, según Carstens, “no afectará a los pobres porque esos recursos se destinarán para mejorar su situación”, porque, según el patético panista Gustavo Madero, se les regresarán “copeteaditos” y “multiplicaditos” como limosna a través de los programas asistencialistas que han sido inútiles para evitar el aumento de las personas depauperadas; 3) 4 puntos más en los servicios a las telecomunicaciones; 4) la “cuota” de 80 centavos por cajetilla de 20 cigarros, que se incrementaría en el transcurso de cuatro años para ubicarse en 2 pesos por cajetilla; 5) el aumento de 25 por ciento a 28 por ciento al gravamen a las cervezas; 6) tres pesos más a las bebidas alcohólicas de más de 20 grados (whisky, cognac, ron, entre otras); 7) el alza de la tasa de 20 por ciento a 30 por ciento a los juegos y sorteos; 8) la mayor “contribución” en los depósitos en efectivo (IDE), de 2 por ciento a 3 por ciento, además de que ahora se aplicaría a partir de los 15 mil pesos y no de los 25 mil pesos como opera actualmente. A ellos hay que sumar el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado. Es decir, los impuestos indirectos se ubicarían por arriba del 20 por ciento, según el consumo.

Para Carstens, esas cargas no son regresivas porque “quien más consuma, más pagará”. Eso es innegable. El problema es que no afectara lo mismo al 72 por ciento de la población (77 millones de personas) que participan con el 32 por ciento del ingreso monetario nacional, que perciben ingresos fijos que ganan hasta ocho veces el salario mínimo, en comparación con aquellos que concentran el 68 por ciento del total. A los privilegiados clasemedieros, la burguesía, la oligarquía y la elite política sólo representarán una anécdota.

Por desgracia, dicha sangría sólo elevaría los ingresos tributarios de 9.3 por ciento a 10.8 por ciento del Producto Interno Bruto, según Hacienda. (Véase cuadros anexos)

La tragedia de las mayorías no termina con el copeteadito y multiplicadito de gravámenes. Antes de pensar en su bienestar, tendrán que destinar otros pesos para las futuras alzas en los precios de las gasolinas, gas electricidad, agua y otros bienes públicos y el impuesto predial, además de la inflación generalizada, porque los empresarios trasladarán hacia sus cotizaciones finales esos aumentos.

Y será peor el destino de aquellos que pierdan su precario empleo o les recorten más sus prestaciones.

El paquete fiscal de Calderón puede calificarse de una manera: genocidio.

El calderonazo, Marcos Chávez escribió este artículo





El calderonazo

Marcos Chávez
27 Septiembre 2009 El paquete económico presentado por Felipe Calderón y sus Chicago Boys para 2010 constituye una sanguinaria venganza en contra de las mayorías. Si los votantes arrasaron con su pírrica legitimidad en julio pasado –los derrotaron y los sepultaron políticamente a mitad de su mandato debido a su desencanto ante los resultados alcanzados durante su reinado y los onerosos costos que pagan por sus obsesiones fundamentalistas, el desastroso manejo del colapso económico y fiscal del Estado– ellos, a su vez, con desparpajo y cínicas mentiras, pretenden cobrarles la afrenta enterrándolos con una avalancha de impuestos y aumentos de precios; el recorte indiscriminado del gasto público; la permanencia de los privilegios de la casta burocrática de los tres poderes de la Unión; un programa recesivo y perpetuador del estancamiento económico con alto desempleo y la contención de los salarios reales; la profundización de las contrarreformas estructurales neoliberales. La revancha es hundiéndolos más en la pobreza y miseria.




¡Ave César, cruzado contra la pobreza y creador de empleos, al menos 10 mil burócratas que arrojarás al ejército de desempleados y 75 millones de vasallos que empobrecerás aún más, te saludan!

Se acabó la ficción, dijo Agustín Carstens.

Por desgracia, aún faltan tres años más para que se acabe la dantesca pesadilla calderonista.

Más que ser una oferta que represente una “reforma fiscal integral” como sugiere Agustín Carstens en los criterios de política económica para 2010, la cual “garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, a través del fortalecimiento “de los ingresos de carácter permanente y la racionalización del gasto público” como según dijo Calderón en su decálogo, que junto con los cambios estructurales que se formulan aseguren el crecimiento sostenido y el bienestar de las mayorías, la gran “transformación de México en rubros esenciales que no ha podido cambiar en décadas”, todo basado en su “convocatoria a la unidad y solidaridad de los ciudadanos”, puntos “claves” para “la prosperidad” –retórica que más de un “ingenuo” intelectual orgánico o inorgánico se “tragó” completa pensando en un “honesto “ viraje estratégico–, el paquetazo aspira avanzar a paso redoblado en la senda neoliberal abierta por la ultraderecha priista que se apoderó del poder desde 1983. Aquélla que el Premio Nobel de Economía Paul A Samuelson calificó en 1980 como el “fascismo de mercado”: donde el manejo de la economía quedó bajo la responsabilidad de los Chicago Boys, fanáticos religiosos [del] mercado de laissez-fire; “(…) modelo que deja de lado la libertad política, [que] tiende a un crecimiento significativo del grado de desigualdad de los ingresos, el consumo y la riqueza; sistema [que] no puede evolucionar hacia una democracia normal”. (“La economía mundial a finales del siglo”, Comercio Exterior, México, agosto de 1980).

“Esto es una guerra”, dijo en 1975 el banquero Ricardo Zinn, coordinador económico del entonces titular de economía argentino, Celestino Rodrigo, cuando se aplicó un brutal programa monetarista de estabilización y ajuste económico, el cual pasó a la historia con el infausto nombre del rodrigado: al provocar el desastre de esa nación, la protesta y la violencia social, la intensificación de la guerra sucia, el derrumbe del agónico gobierno de Isabel Perón y el golpe de Estado de 1976. El fallido experimento fue el preámbulo para el viraje estratégico del paradigma keynesiano hacia el neoliberalismo salvaje argentino. La dictadura del “mercado libre”, operada por Alfredo Martínez de Hoz, llegó con la manu militari y su “proceso de reorganización nacional”. Rodrigo, que sólo duró 49 tormentosos días en su puesto, era enemigo del “consumo masivo”, del “voraz consumo superfluo que no satisface las necesidades vitales”, por lo que puso a dieta a la población con los impuestos, el menor gasto público y el control salarial. Zinn, artífice del rodrigazo, continúa con los militares y les crea su lema: “Achicar el Estado es agrandar la nación”. Después, en la década de 1990, con el neoliberal Carlos Menem –el Salinas argentino–, elaborará los turbios planes reprivatizadores de las empresas públicas, entre ellas la petrolera YPF, la telefónica Entel y la siderúrgica Somisa. Martínez calificó su fase como “la segunda fundación de la república”.

El abigarrado calderonazo muestra que Felipe y su Rodrigo de Hacienda, Carstens, también están en guerra y en un proceso similar de transformación de México. Con sus AK-47 fiscales, o sus fusiles M16 si se prefiere, salieron en una alborozada cacería de consumidores y contribuyentes cautivos, de miserables, pobres y clasemedieros. Para que la empresa no sea vana, le tiran a todo, se mueva o no. El cúmulo de propuestas ofrece un amplio margen de negociación; debido a su derrota electoral, saben que tendrán que hacer concesiones. Algunas de ellas serán eliminadas, otras se mantendrán aceptablemente enmendadas y el resto serán aprobadas en el proceso legislativo, sin desvirtuar la naturaleza recaudatoria, inequitativa y antisocial de las iniciativas de ingresos y egresos públicos, que no resolverá la crisis fiscal del Estado y apenas dotarían los recursos necesarios para llegar al final del desastroso sexenio, ni tampoco el perfil neoliberal y antinacional de las contrarreformas estructurales. El éxito dependerá de la mayoría legislativa. El paquete ofrece un seductor reparto de ganancias para que la derecha neoliberal priista y los mercenarios “ecologistas” –los fámulos de las televisoras– se muestren dispuestos a un quid pro quo con la ultra confesional y neoliberal calderonista-panista y lleguen a una patriótica “unidad y solidaridad” para “transformar a México en rubros esenciales”. Nuestra harapienta “democracia” autoritaria facilita los “consensos” palaciegos para sacrificar a la sociedad.

Por ejemplo, ¿acaso no es tentadora para los salinistas, encabezados por Manlio Fabio, y los siervos de Ricardo Salinas Pliego, la oferta de la contrarreforma en las telecomunicaciones, que busca “establecer un proceso de refrendos de concesiones –y conceder otras nuevas– para otorgar mayor certeza jurídica e incentivar las inversiones [de] los concesionarios”? El panista Javier Corral denuncia la obsesión de Fabio Beltrones y la pandilla priista que lo acompaña por tratar de modificar la ley en la materia. No para acabar con los oligopolios por la amenaza que representan para la sociedad ni para reducir su presencia en el mercado, ni con su discrecionalidad y la dictadura de la (des)información, la manipulación de las conciencias y el golpismo que han impuesto, ni para aplicarles el imperio de las leyes y fortalecer la autonomía de las instituciones responsables de su regulación, ni para abrir el sector a la pluralidad y la participación ciudadana, como exige un régimen democrático, sino para imponer un mamarracho jurídico favorable al voraz duopolio, que redunde en su mayor poder despótico económico y político. A cambio, TV Azteca y Televisa les ayudan a fabricar a uno de sus esperpentos con quien aspiran retornar a la Presidencia (Enrique Peña) cuya inteligencia es inversamente proporcional a su copete. A la sombra de ese palafrenero ad hoc, los Berlusconi mexicanos conspiran para instalarse detrás del trono. Calderón les tira el anzuelo y a través de su gorila Juan Molinar, corresponsable de la ruina del Instituto Mexicano del Seguro Social, persiguen rabiosamente las radios comunitarias que estorban el absolutismo de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas. ¿Qué darán a cambio los priistas? ¿Cómo será su traición a la nación?

Es normal que la política fiscal, sus objetivos e instrumentos empleados, genere controversias, pues ella sintetiza la pugna social por la distribución del ingreso y la riqueza nacional; la fuerza política de las clases y su capacidad para influir en las autoridades y defender sus intereses; la orientación ideológica, los compromisos y el papel del gobierno en el desarrollo y el bienestar, así como su capacidad y fortaleza para mediar, regular e influir en los conflictos y repartir los costos y beneficios del desarrollo y de los programas de ingresos y egresos públicos. Curiosamente, por primera vez en su sexenio, una iniciativa de Calderón, la fiscal, alcanzó un consenso entre las clases sociales que estructuralmente luchan a muerte dentro del capitalismo: su abierto rechazo, aunque por razones distintas. Desde sus diferentes perspectivas e intereses, las críticas son razonables:

1) La propuesta de ingresos y de precios de los bienes y servicios no fortalece su debilidad estructural tributaria observada desde la década de 1960 ni mejorará la situación financiera de las empresas públicas ni su eficiencia ni la calidad de los bienes y servicios que proporcionan. Sólo es recaudatoria. Busca despojar de mayores recursos a la sociedad para dotar mayores recursos al Estado y los pobres resultados esperados indican que Calderón sólo aspira obtener el dinero necesario para evitar el colapso financiero del Estado antes de 2012 y transferir la bomba de tiempo al siguiente gobierno, que tendrá que negociar una reforma fiscal integral o sobrevivir con unas finanzas endebles y al borde del abismo. No enfrenta el problema de la inequidad tributaria, al contrario, la agrava al descansar básicamente en los gravámenes al consumo y marginalmente en el de la renta de causantes cautivos. Trata iguales a desiguales. Se afectará esencialmente a las mayorías y prácticamente mantiene intocados los privilegios de los grandes contribuyentes, las personas físicas de altos ingresos y las empresas. Calderón no pretende eliminar o reducir los mecanismos de deducción, elusión y evasión tributaria que sangran al Estado. No propone eliminar la consolidación fiscal ni la depreciación acelerada de los activos realizada por las empresas, no toca los regímenes especiales ni la especulación financiera y los dividendos. No aspira un ingreso a la renta (ISR) progresivo hacia arriba. No elimina los opacos fideicomisos hacia donde se desvían los ingresos públicos, ni sugiere severos mecanismos de sanción a los funcionarios responsables de su manejo. No ayuda a fortalecer las estructuras tributarias de las entidades ni municipios que supervisen, sanciones y acoten y garanticen en manejo escrupuloso de los recursos. En lugar de estimular la demanda como instrumento contra cíclico, los impuestos al consumo la deprimirán aún más, lo que retrasará la reactivación económica y empobrecerá más a 75 millones de personas.

2) La iniciativa del gasto público no busca racionalizar el uso de los recursos y preserva su inequidad. De aprobarse sin cambios, el costo del ajuste fiscal recaerá en el programable y los impuestos al consumo son las principales variables de ajuste de las finanzas públicas, porque son más fáciles de manipular, ofrecen resultados inmediatos y no cambian la naturaleza fiscal. El total real barajaría 0.6 por ciento, el programable 1.4 por ciento y el no programable –los financieros: la deuda pública interna y externa; el costo del rescate bancario y las empresas constructoras; los Pidiregas–, 1 por ciento. Dentro del programable, el corriente aumentaría 2.7 por ciento y los servicios personales 0.8 por ciento, la inversión física decrecería 0.8 por ciento y los subsidios, 41 por ciento. Se elevarían los recursos destinados a los poderes y prácticamente no se tocarían sustantivamente las prerrogativas de la insaciable burocracia –la panista, la legislativa y la judicial–. Allí la “austeridad” será ficticia, dado los insultantes presupuestos que se asignan (operativos, salarios y prestaciones sociales). En cambio, serían sacrificados ramos como de educación, salud, desarrollo regional, agua potable, comunicaciones y transportes, agropecuario, laborales y la sustentabilidad. Su “frugalidad sería de tierra arrasada. No se eliminaría el abuso, el desperdicio la corrupción y la duplicidad de funciones. En contrapartida, se agravaría la ineficiencia pública y sus rezagos. Se ofrendará el gasto social y el gasto como instrumento anticíclico. Su reducción complicará el estancamiento y afectará el futuro del país. Los egresos asistencialistas no evitarán el empobrecimiento, porque no se modificaran los factores estructurales que lo provoca. La mejor política contra la pobreza es el crecimiento y no el estancamiento, el empleo precario, el desempleo abierto o disfrazado, la “informalidad”; el deterioro de los salarios reales y la reducción o la pérdida de las prestaciones sociales; y el mezquino gasto social.

El paquete fiscal de Calderón maniáticamente ortodoxo no alterará la polarización social, la grosera concentración del ingreso y la riqueza en manos del 10 por ciento de la población y el empobrecimiento de 75 millones de mexicanos. Si en tres años del calderonismo el número aumentó en 5 millones, éste podría duplicarse en lo que resta de su mandato.

Las razones de clase para rechazar la política de ingresos son diferentes. Siempre dispuesta a tocarle la pierna a Calderón cada vez que los pide, ahora truenan en contra de él porque no les cumplió: cargar a las mayorías el costo del ajuste fiscal aplicándoles el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al consumo de alimentos y medicinas, reducirles el ISR y eliminarles el IETU. Lo peor de todo es que quiere darle un arañazo a su riqueza, con el alza del ISR de la renta de 28 a 30 por ciento, el intento de acotar las deducciones a ese impuesto y al IETU, y el gravamen de 4 por ciento a las telecomunicaciones, porque supuestamente afectará las inversiones productivas y su “competitividad”, pese a que se mantienen los instrumentos de deducción, elusión y evasión tributaria que les permitirán evitar el pago fiscal o que sigan siendo marginales. El Consejo Coordinador Empresarial señala que la iniciativa es “incongruente”; no corresponde a las necesidades empresariales, es expoliadora; no acaba con los privilegios de la burocracia, entre ellas las pensiones, ni pone seriamente a dieta al famélico Estado. Furioso, su líder Armando Paredes dice que ya no buscarán entrevistarse con Calderón y amenazan con tratar de de tocarles las piernas al Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática que, seguramente, no opondrán muchos escrúpulos. La Confederación Patronal de la República Mexicana anuncia que esa “propuesta lleva consigo el germen de un fracaso anunciado”: afectará la “competitividad y (el) costo-país, (las) inversiones y empleo, porque le pega al mercado interno, a las empresas y a la clase media y muy probablemente también a la baja. En resumen, si se aprobara, podría tener un impacto recesivo.

Como sucede desde la década de 1960, cualquier intento de tocar la riqueza de la oligarquía y la burguesía las transforma en un energúmeno que ha demostrado su capacidad conspirativa.

En sentido estricto, la política de ingresos atenta fundamentalmente contra los pobres y miserables. Desangrados por la pérdida del poder de compra de los salarios reales durante el calderonismo y afectados por el desempleo, la inflación, la crisis y la quiebra de expectativas, los doctores Calderón y Carstens quieren imponerle una sangría para remediar sus cuitas. “Democráticamente” quieren distribuirle ocho tipos de impuestos: 1) 2 puntos porcentuales más en el ISR a quienes ganan más de cuatro salarios mínimos; 2) 2 más como a todos los bienes y servicios como “contribución a la pobreza” y que, según Carstens, “no afectará a los pobres porque esos recursos se destinarán para mejorar su situación”, porque, según el patético panista Gustavo Madero, se les regresarán “copeteaditos” y “multiplicaditos” como limosna a través de los programas asistencialistas que han sido inútiles para evitar el aumento de las personas depauperadas; 3) 4 puntos más en los servicios a las telecomunicaciones; 4) la “cuota” de 80 centavos por cajetilla de 20 cigarros, que se incrementaría en el transcurso de cuatro años para ubicarse en 2 pesos por cajetilla; 5) el aumento de 25 por ciento a 28 por ciento al gravamen a las cervezas; 6) tres pesos más a las bebidas alcohólicas de más de 20 grados (whisky, cognac, ron, entre otras); 7) el alza de la tasa de 20 por ciento a 30 por ciento a los juegos y sorteos; 8) la mayor “contribución” en los depósitos en efectivo (IDE), de 2 por ciento a 3 por ciento, además de que ahora se aplicaría a partir de los 15 mil pesos y no de los 25 mil pesos como opera actualmente. A ellos hay que sumar el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado. Es decir, los impuestos indirectos se ubicarían por arriba del 20 por ciento, según el consumo.

Para Carstens, esas cargas no son regresivas porque “quien más consuma, más pagará”. Eso es innegable. El problema es que no afectara lo mismo al 72 por ciento de la población (77 millones de personas) que participan con el 32 por ciento del ingreso monetario nacional, que perciben ingresos fijos que ganan hasta ocho veces el salario mínimo, en comparación con aquellos que concentran el 68 por ciento del total. A los privilegiados clasemedieros, la burguesía, la oligarquía y la elite política sólo representarán una anécdota.

Por desgracia, dicha sangría sólo elevaría los ingresos tributarios de 9.3 por ciento a 10.8 por ciento del Producto Interno Bruto, según Hacienda. (Véase cuadros anexos)

La tragedia de las mayorías no termina con el copeteadito y multiplicadito de gravámenes. Antes de pensar en su bienestar, tendrán que destinar otros pesos para las futuras alzas en los precios de las gasolinas, gas electricidad, agua y otros bienes públicos y el impuesto predial, además de la inflación generalizada, porque los empresarios trasladarán hacia sus cotizaciones finales esos aumentos.

Y será peor el destino de aquellos que pierdan su precario empleo o les recorten más sus prestaciones.

El paquete fiscal de Calderón puede calificarse de una manera: genocidio.

PRI: a ver si es cierto, Ricardo Rocha escribió este artículo.




Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
29 de septiembre de 2009


PRI: a ver si es cierto


Manlio Fabio Beltrones se puso muy salsa y ya dijo que le van a dar la vuelta a la propuesta presidencial para modificar por completo el paquete fiscal.

Aprovechando el viaje y para que se sepa quién manda añadió que “tenemos nuestro propio plan que estamos construyendo en el Senado de la República junto con la bancada del PRI en la Cámara de Diputados”. Donde suponemos que algo tendrá que decir Francisco Rojas.


El caso es que Beltrones reafirma lo que voces muy diversas han venido señalando en los días y semanas recientes: el paquete económico de 2010 está al revés y por eso hay que voltearlo; es un absurdo tapar el boquete fiscal de 370 mil millones con la iniciativa silvestre de aumentar impuestos y contraer el gasto; menos aún en plena recesión con el consiguiente aumento del desempleo; el argumento de que el 2% se les dará a los pobres es una falacia y una aberración; primero porque nadie lo garantiza y luego porque mantiene la necedad de las ya viejas tesis neoliberales que llevan 20 años produciendo cada vez más pobres en este país; lo que efectivamente se necesita es hacer crecer la economía para generar empleos y abatir la pobreza.


De hecho, aun “volteando” la propuesta calderonista-carstensiana el PRI se quedará corto. Me parece que no tendrán el arrojo para acometer el cambio radical que el país requiere para reemplazar el actual modelo económico y cambiar el destino.


Por desgracia, dejaremos ir otra oportunidad histórica: y es que la única ventaja que ofrece la gravedad de esta crisis de peor imposible es la de realizar los cambios absolutamente indispensables si es que deseamos un México viable para los años que vendrán.


Se trata de mucho más que una simple reformita fiscal. Tendríamos que emprender una profunda reforma del Estado que replantee el pacto federal y de la que derive una gran reforma hacendaria que privilegie la generación de riqueza a partir de la pobreza, la igualdad de oportunidades, un desarrollo regional armónico, la reactivación del mercado interno y un crecimiento sostenido que garantice la generación de empleos. Y de ambas reformas, el surgimiento de una gran revolución educativa que nos haga competitivos en esta era del conocimiento.


No. No se trata de darles dinero a los pobres. La verdadera modernidad es dejar de ver a la pobreza con mirada de lástima y arrojándole unas monedas. Hay que abatirla porque nos ata al pasado y porque nos cancela el futuro. Es verdad, a nadie nos conviene que haya tantos pobres, porque luego quién compra.

El maíz: síntesis de contradicciones y conflictos, Susana Rappo escribió este artículo.


A DEBATE
El maíz: síntesis de contradicciones y conflictos




Susana Rappo

Hoy, 29 de septiembre y como iniciativa de la Campaña Nacional “Sin maíz no hay país”, se celebra por primera vez el Día Nacional del Maíz, partiendo de la premisa que “la verdadera independencia del país reside en la capacidad de alimentarnos sin depender de las importaciones de granos y otros alimentos básicos”.

Con el fin de sumarnos a esa celebración, y en ánimo de la reflexión, creo que justamente en el maíz se centra la disputa por la alimentación, entendida por la posibilidad de acceder a alimentos baratos para la mayoría de la población.

En él se sintetizan las contradicciones y conflictos que desde los ámbitos locales, nacionales e internacionales están presentes no sólo en México, sino mundialmente, desde lo productivo y económico, pasando por lo social y cultural hasta lo científico y tecnológico.

El eje vertebral del debate es la posibilidad de preservar la producción nacional de maíz como una producción estratégica por ser la base de la alimentación de la población mexicana.

En los últimos años ese debate ha estado presente de diferentes formas. En el ámbito económico y acorde a las visiones dominantes plasmadas en las políticas públicas se propició las importación del grano (básicamente maíz amarillo) con el fin de abastecer a la industria que diversificó su actividades y que se vio favorecida por precios internacionales a la baja, tendencia que se ha revertido en los últimos años.

La visión de importar grano barato se impuso en lugar de estimular la producción nacional, la brecha entre la agricultura campesina y la agricultura empresarial se ensanchó, ya que sólo los sectores empresariales podían o pueden competir en mercados liberalizados, volviendo sobrante a una parte de los productores campesinos de básicos y de la población rural.

En México, la sustitución del grano nacional por el importado se fue imponiendo como parte de las reformas estructurales del periodo salinista, pero que provienen de procesos anteriores, producto del agotamiento del patrón de acumulación, cuya expresión, la crisis de endeudamiento de los ochenta, implicó la imposición de las llamadas políticas de ajuste estructural a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para arribar al Tratado de Libre Comercio, en los 90.

La crisis alimentaria pone en el centro nuevamente a la producción maicera, pero también a toda la cadena agroalimentaria, ya que si bien la crisis mundial propició la caída en el precio internacional de los combustibles y el entorno recesivo mundial quitó presión sobre los volúmenes físicos y los precios de los granos, en México las presiones inflacionarias en materia alimentaria se mantienen aunadas a un entorno recesivo.

En México se han obtenido cosechas récord de maíz blanco, que garantizan la oferta para la producción y el consumo de tortillas; sin embargo, el incremento de los precios internos, refleja la dependencia de su fijación al mercado internacional de granos y el ajuste del precio de la tortilla depende de las características internas en que se ha desarrollado la industria de la masa y la tortilla.

Ésta, ante la caída de la demanda y frente a los cambios en los hábitos de consumo de una población mayoritariamente urbana y las propias transformaciones de la industria, que concentra la comercialización al mismo tiempo que la dispersa en centenares de establecimientos, con niveles de sobrevivencia en términos de ventas y de ingresos, traslada al precio el aumento de los insumos de manera directa.



Viejos y nuevos problemas

La producción del grano refleja a su interior los viejos y nuevos problemas rurales, unos producto de aspectos estructurales y otros producto y agravados por el proceso de mundialización.

En el primer caso, los procesos históricos y complejos desde la reforma agraria, que explican la dualidad y heterogeneidad de la estructura agraria, producto de un reparto que propició el surgimiento del minifundio a partir de una desigual dotación de tierras y agua y de una agricultura campesina, tradicional y temporalera, imposibilitada de producir excedentes y finalmente imposibilitada de generar un sustento completo para las familias campesinas, que cada día necesitan más el ingreso de otras actividades para garantizar su reproducción, aunque se mantengan en la producción y/o sólo logren obtener una parte de su sustento.

Al igual que el salario, el producto agrícola generado de la explotación de pequeñas parcelas es insuficiente para garantizar la reproducción familiar y de ahí la gran cantidad de combinaciones de actividades que realizan la mayor parte de las familias rurales que poseen tierra y siguen produciendo, aunque en pequeña escala una parte de los alimentos que proporciona la milpa o sólo la producción de maíz y que garantiza aunque sea en parte la alimentación.

Sabemos que desde hace tiempo la población rural mayoritariamente no tiene tierras, y que desde la lógica de la reproducción y la alimentación, esto deviene en una desventaja, ya que necesitan de los ingresos para abastecerse de todos sus requerimientos.

Así como para los productores el precio del grano que comercializan es fundamental para obtener ingresos, para el conjunto de la población rural y urbana que vive de su salario, el precio de los alimentos es fundamental para determinar su consumo.

Dicho precio se ve influido por los precios de los granos, se supone que existe una tendencia a su abaratamiento a partir de mayores volúmenes de producción; sin embargo, existen un sin número de mediaciones, que manteniendo bajo el precio de los granos, los alimentos que se derivan de ellos, puedan tender a incrementarse dependiendo de la estructura de los mercados. Los procesos inflacionarios no son novedad en nuestros territorios.

El proceso de mundialización asociado a la liberalización y la apertura, acentuó la diferenciación productiva al mismo tiempo que desde el Estado las políticas y los apoyos económicos desde las instituciones gubernamentales reforzaban dicha diferenciación al estar diseñadas para el sector empresarial, aunque manteniendo siempre el discurso del desarrollo rural.

Por ejemplo, la constitución de ASERCA, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria mediante el Subprograma de Cobertura de Precios, ha actuado desde el 2001, como la institución intermediaria posibilitando a individuos y organizaciones participar en los mercados internacionales de riesgo por precios. Los datos de ASERCA revelan que en 2005 se compraron un total de 55 mil 497 contratos de futuros que cubrieron un total de 6.2 millones de toneladas, siendo los productos más importantes, el maíz blanco con 55.8 por ciento de los contratos; el trigo con el 19.5 por ciento; el sorgo con 9.7, y el ganado bovino con el 6.1 por ciento, los que representan el casi 94 por ciento. El subsidio de ASERCA en ese año, para dicho programa, de los cuales el maíz participó con el casi 47 por ciento fue de 497 millones de pesos. (Godínez y Fuentes, 2008)

Si bien el mercado de futuros no determina los precios al mayoreo del grano en México, se utilizan recursos estatales para cobertura de un segmento muy reducido de productores, que además, en momentos de alta especulación como sucedió recientemente, repercute sobre el mercado local, imprimiéndole inestabilidad y presionando sobre el precio de los mercados regionales.

La determinación de los precios internos por los internacionales, agrega un elemento más de incertidumbre, ante un Estado que vela únicamente por intereses empresariales, menospreciando a agricultores campesinos que se mantienen en la producción, al mismo tiempo que condena al resto de la población a alimentos caros, para los niveles de ingresos de la mayor parte de la población y que por tanto se vuelven inaccesibles.

No es que escaseen los alimentos sino que la gente no puede comprarlos.

Por ello, en el maíz y en la disputa por la alimentación se centran, desde mi punto de vista las viejas y nuevas contradicciones de la sociedad mexicana, en su tránsito de una sociedad rural a una urbana.

Mientras el conjunto de la población no tome en sus manos el problema de la alimentación, y por tanto vele por la sobreviviencia de sus productores campesinos, porque de ellos depende una parte de ella y demande una política coherente y diferenciada que garantice la producción y el abasto, cuestionando la adopción de patrones alimentarios que atentan muchas veces sobre la propia salud, estaremos a merced de los intereses de grandes capitales que desde la industrialización, comercialización y financiamiento se imponen, al amparo de las políticas públicas que poco contribuyen a garantizar la alimentación para todos los mexicanos.

De manera cínica y descarada Salinas gobierna al país, denuncia el Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente Legítimo de México en su gira por Oaxaca







De manera cínica y descarada Salinas gobierna al país, denuncia López Obrador
San Juan de los Cues

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* En tanto, Calderón está en calidad de arraigado en Los Pinos, aclara


* Salinas tiene la encomienda de preparar la candidatura de Peña, señala


* López Obrador ha visitado 220 de los 418 municipios de usos y costumbres


Desde la región de La Cañada, Andrés Manuel López Obrador expresó que de manera descarada y cínica Carlos Salinas de Gortari está gobernando al país y un ejemplo es que ayer se paseó por Veracruz sin preocuparle el daño que le hizo a México y su pueblo.

Luego manifestó que “es una vergüenza que algunos veracruzanos, no todos, le estén aplaudiendo a Salinas, haciéndole la barba y asuman una actitud de lambiscones” ante el ex presidente.

En el último día de la séptima semana de gira de trabajo por los 418 municipios de usos y costumbres, el presidente legítimo de México subrayó que Salinas de Gortari es uno de los personajes más cínicos y siniestros del país.

Carlos Salinas ya gobierna de facto la Presidencia de la República, porque a la banda de los 30 ya no le sirve su empleado Felipe Calderón y ahora lo convirtieron en chivo expiatorio, en un trapeador y está arraigado en Los Pinos, estimó.

Ahora, continuó, Salinas tiene dos encomiendas: la primera es terminar el sexenio e impulsar la candidatura de su nuevo pelele, de la barbie masculina que es Enrique Peña Nieto, cuyo único atributo es su copete.

Subrayó que los priistas y panistas de arriba son lo mismo, por ejemplo el PAN ayudó a Salinas en el fraude electoral de 1988 y, en retribución, el PRI ayudó a Calderón a robarse la Presidencia de la República en el 2006.

“Por eso digo que son iguales Carlos Salinas y Vicente Fox, son lo mismo Elba Esther Gordillo y Fernando Gómez Mont, son lo mismo Diego Fernández de Cevallos y Manlio Fabio Beltrones”, comentó.

Acompañado por los senadores Gabino Cué y Salomón Jara, indicó que es necesario un cambio en la vida pública del país, para lograr una renovación de la vida pública de México.

A manera de balance, precisó que en los tres años de gobierno de Calderón sólo se ha registrado una debacle económica, más desempleo, más pobreza, carestía de la vida y aumentaron los índices de violencia e inseguridad.

Y ahora, puntualizó, el gobierno usurpador propone que para enfrentar la crisis económica es necesario aplicar aumento a impuestos, incrementar las tarifas de la energía eléctrica, el gas, las gasolinas y el diesel. “Quieren darle una vuelta más a la tuerca de los bolsillos de millones de mexicanos”, enfatizó.

Recomendó al gobierno calderonista que si quiere recaudar más dinero, sólo debe bajar los sueldos de los altos funcionarios, eliminar privilegios, como la atención médica particular y las pensiones millonarias a los ex presidentes.

López Obrador comentó que el movimiento que encabeza, por la transformación de México y sus instituciones, sigue vivo y no se detendrá hasta lograr que haya igualdad, justicia y democracia para todos los mexicanos.

A sólo 9 meses de las elecciones para renovar la gubernatura del estado, mencionó que los oaxaqueños tienen la oportunidad de cambiar la situación de abandono y pobreza en que está hundido Oaxaca.

Invitó a los ciudadanos a votar el próximo 14 de julio por un candidato a gobernador de buenos sentimientos y honrado, para evitar el arribo de caciques como Ulises Ruiz.

Por su parte, el senador de Convergencia, Gabino Cué, llamó a la gente participar en el cambio para terminar con los pequeños caciques que abusan de la gente.

Denunció que autoridades municipales, entre ellas las de Santiago Texcalcingo, amenazan a la población con quitarles los programas sociales, como Oportunidades, Alianza del Campo o Setenta y Más si apoyan a partidos opositores al PRI.

Asimismo, los munícipes piden de 5 a 25 pesos a cada uno de los 6 mil habitantes del mencionado municipio para que les otorguen los apoyos de los programas sociales del gobierno federal.

Por ello, indicó, es necesario construir un gobierno para el pueblo, un gobierno inspirado en la austeridad, como lo hizo el ex presidente Benito Juárez.

Este domingo, el presidente legítimo de México concluyó la séptima semana de la gira de trabajo por municipios de usos y costumbres y a la fecha ha visitado 220 localidades.