Jaime Cárdenas
El planteamiento para limpiar la elección presidencial no es baladí.
Un país que aspira a tener algún día un Estado de derecho y una democracia real no puede aceptar que las elecciones se desarrollen de cualquier forma, comprando los votos o con profundas diferencias de recursos económicos entre los contendientes.
Desde la izquierda insistimos que la elección no fue ni libre ni auténtica. Decimos que no fue libre porque el voto ciudadano se compró o coaccionó a cambio de dinero o de prebendas. Decimos que no fue auténtica porque las condiciones de la competencia no fueron parejas. El candidato Enrique Peña Nieto, del PRI y PVEM, tuvo a su disposición recursos por más de 15 veces de los que dispusieron sus contendientes.
Además, fue favorecido por los medios de comunicación electrónica a través del empleo de encuestas que tuvieron como fines la manipulación y confusión electoral y no la información a los ciudadanos.
Por si fuera poco, el candidato del PRI y del PVEM empleó tramas y triangulaciones financieras y bancarias para ocultar el origen de los recursos que utilizó en su campaña. El esquema de triangulación de recursos recurriendo a empresas fantasma constituye un marco de financiamiento paralelo prohibido por la legislación electoral, cuyo propósito era impedir que la autoridad electoral conozca monto, origen y destino de los recursos usados en la campaña.
La forma en la que Enrique Peña Nieto pretende llegar a la Presidencia de la República sí importa. Si como país asumimos que se pueden obtener triunfos electorales por cualquier vía, aunque ésta sea inconstitucional o ilegal, estamos inaugurando una ruta que nos conduce a la negación del Estado de derecho y de la democracia auténtica. En ese camino seremos una nación de cínicos.
En estos días los dirigentes del PRI han manifestado que del lado de Andrés Manuel López Obrador también existen mecanismos paralelos y oscuros de financiamiento en su campaña. Dichas afirmaciones y señalamientos deben ser investigados a la brevedad por las autoridades, pues nadie puede ni debe estar al margen del derecho.
Las elecciones son la expresión más palpable de la soberanía popular y por eso su carácter democrático merece ser real sin impostación alguna.
La limpieza de las elecciones comprende por tanto a todos los actores y partidos así como a los ciudadanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe tomar en cuenta, para la determinación de la validez o de la invalidez, las circunstancias en las que se desarrolló todo el proceso electoral.
Si, como sostengo, las condiciones y circunstancias del proceso se dieron en oposición a los principios de la Constitución, sea quien sea el responsable, el Tribunal Electoral no debe validar la elección. En cambio, debe enviar un mensaje muy claro a toda la sociedad y a los partidos y candidatos: no se pueden permitir en democracia elecciones fraudulentas, simuladas, con apariencia de autenticidad.
Se trata de una decisión histórica que nos merecemos los mexicanos para poner fin a la simulación política e inaugurar una nueva era.
La República debe ser restaurada bajo principios de respeto a la Constitución, la democracia y la garantía y defensa de los derechos humanos.
La interpretación jurídica que realizará el Tribunal Electoral tiene que ser ejemplo y cumplimiento de la reciente reforma constitucional que en materia de derechos humanos entró en vigor en junio de 2011.
Según esa reforma, la interpretación de las leyes y ordenamientos secundarios debe realizarse conforme a la Constitución y los tratados salvaguardando siempre el principio pro homine.
Muchos mexicanos deseamos que nuestro sistema político y nuestra supuesta democracia no esté tutelada por los poderes fácticos.
En México, el poder del dinero y la influencia de los medios de comunicación electrónica no deben decidir ninguna elección.
El reto es mayúsculo y, por eso, las autoridades electorales tienen un gran compromiso con la historia y el futuro del país. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE está obligada a acelerar las investigaciones y debe darlas a conocer antes de la calificación de la elección presidencial. La FEPADE y la CNBV deben contribuir con la autoridad electoral ejerciendo plenamente sus competencias para que la Unidad de Fiscalización realice con celeridad sus procedimientos e investigaciones y pueda estar en aptitud de presentar oportunamente los resultados. Sobre los plazos legales ordinarios está la satisfacción de los principios de certeza y objetividad de este proceso electoral. ¶
La elección presidencial no puede ser declarada válida porque no puede ser válido lo que deviene de la invalidez constitucional y legal. Ello, sin embargo, depende de quien tiene la responsabilidad constitucional para pronunciarse sobre la invalidez, que es el Tribunal Electoral. En ese órgano del Estado están cifradas las esperanzas de la República.
*Doctor en derecho, ex consejero electoral del IFE. Actualmente es diputado federal.
jaicardenas@
prodigy.net.mx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario